COLUMNAS

Mediciones desajustadas o intencionalidad política

Por JP Sanhueza, Cientista Social de Coronel

Bastante se ha dicho sobre la deuda que Chile tiene con los sectores más pobres de su población. Sin ir más lejos hace menos de dos meses, el propio Gobierno elaboró un programa nacional tripartito para combatir la pobreza, liderado por el Ejecutivo, Mundo Empresarial y Asociaciones de derecho privado sin fines de lucro. Pareciera ser que la moralidad complica al ejecutivo cuando de distribución de ingresos se trata, sobre todo si consideramos que Chile tiene un PIB Per Cápita de US$25.700 (Año 2017), lo que equivale a $17.219.000 pesos chilenos por persona. Algo así como $1.434.916 mensuales de ingreso por persona, lo que en un grupo familiar de 4 personas esto se traduciría a $5.739.664 mensuales de ingreso en el hogar.

Claramente esta última cifra es una estimación simplista y basada en una idea de distribución equitativa sin considerar vaivenes de inversión ni fuerza de trabajo. De la misma forma el PIB Per Cápita se transforma en sólo una idea referencial que no representa en lo absoluto los ingresos medios de los millones de chilenos, y mucho menos representa el de los más pobres. Entonces es en este escenario donde surgen las preguntas sobre qué es lo que realmente estamos haciendo en materia de pobreza y distribución de ingresos.

Según datos de la Casen 2017, la pobreza por ingresos en Chile es de 8,6%, lo que a su vez refleja una reducción de un 20% en los últimos 11 años. Parar cualquier lector este avance podría ser considerado un logro incuestionable, pero lamentablemente en este país, todo tiene letra chica.

Metodológicamente, Casen para el año 2015 consideró que no podía basarse la medición de este indicador sólo a partir del ingreso promedio, por lo que midió además las múltiples dimensiones que afectan a la persona en su desarrollo cotidiano, cuantificando así aspectos en educación, salud, seguridad social, vivienda, etc. Pasando el país a tener una Pobreza multidimensional de un 20,9% (2015) a un 20,7% para el año 2017, lo que estadísticamente no representa avance alguno, por lo tanto, al no existir medición multidimensional hace 5 años atrás, se hace difícil poder declarar a ciencia cierta cuanto hemos avanzado realmente en temas de pobreza.

Pero no todo ajuste metodológico es en estricto rigor un avance, paralelo a las nuevas mediciones en distribución por ingreso, Chile agrega además la medición del alquiler imputado, el cual corresponde a aquellas personas que tienen una vivienda propia, con o sin pago de dividendo, o cedida por un tercero, por lo que la encuesta Casen le imputa un ingreso equivalente al arriendo que se ahorran de pagar porque viven en esa vivienda que es de carácter propio, es decir, supongamos una familia que vive con $0  y se le imputa un alquiler de $300.000 o $400.000, porque el precio de arriendo de las viviendas del sector donde vive tienen un valor promedio cercano a ese monto. Esa persona vive con $0 en el mes, pero lo más probable es que aparezca con un ingreso mensual por sobre la línea de la pobreza.

Instituciones han hecho el análisis que sin considerar las transferencias del Estado, más el alquiler imputado, la pobreza en Chile, podría ser inclusive de un 26% (Fundación Sol 2017). Esto da cuenta que la pobreza va más allá de una simple metodología, pasando a ser una decisión política el cómo se deberá medir. Esto mismo abre el debate sobre el cómo una persona trabajando tiempo completo y sin recurrir al endeudamiento, no puede salir de la pobreza por sí solo. Por lo que a su vez nos abre una enorme paradoja sobre cómo es posible que el sueldo mínimo en Chile, no alcance para vivir en Chile, considerando que para estar por sobre la línea de la pobreza se necesita tener por ingreso un valor equivalente por persona de $159.900, sin considerar que una persona desempleada fácilmente puede estar por sobre la línea de la pobreza gracias al alquiler imputado de su vivienda propia.

A su vez la canasta básica de alimentos, la cual debe cubrir 2000 calorías diarias se calcula en $42.140, siendo más allá de todo análisis una canasta de sobrevivencia más que una de calidad de vida.

 

 

 

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