La propuesta del gobierno incorpora una serie de sanciones para conductas que «eran imposibles de imaginar» cuando se redactó el actual Código Penal.

Entre estos se encuentran:

El hostigamiento, sea presencial o por medios digitales.El daño ambiental y la afectación de áreas protegidas.La utilización indebida de subvenciones públicas.La publicidad falsa o engañosa grave de productos o servicios.La «ciberdelincuencia», mejorando y perfeccionando la tipificación de delitos informáticos.El atentado contra la seguridad en el trabajo, en casos donde el empleador exponga la salud de sus trabajadores.