Aunque el Juzgado de Garantía de Concepción acogió el cierre definitivo de la investigación contra el persecutor, el magistrado remarcó que la decisión se debe a que las conductas no se llegaron a consumar como delito y no a una declaración de inocencia.

El Juzgado de Garantía de Concepción dictó el sobreseimiento definitivo del fiscal José Ortiz, primer persecutor a cargo de las indagatorias tras el hallazgo del cuerpo del pequeño Tomás Bravo en febrero de 2021. Ortiz era investigado por los eventuales delitos de obstrucción a la investigación y abuso de persona.

La causa penal en su contra se había originado a partir de dos graves denuncias:

  • Jorge Escobar (tío abuelo del niño): Aseguró que el fiscal lo presionó para autoinculparse durante las primeras diligencias.
  • Dra. Carla Aldana (médico forense del SML): Denunció que el persecutor le exigió modificar el informe de autopsia del menor.

Los argumentos del Ministerio Público y la defensa

Durante la audiencia, el fiscal Raúl Espinoza argumentó la solicitud de sobreseimiento explicando que, en el caso del informe del Servicio Médico Legal, la petición del fiscal Ortiz no tuvo acogida por parte de la profesional. Debido a ello, la conducta no se concretó y el delito de obstrucción a la investigación no llegó a consumarse.

Por su parte, el abogado defensor del persecutor, el ex fiscal Emiliano Arias, cuestionó el actuar de la Defensoría Penal Pública, señalando la falta de denuncias inmediatas al momento en que supuestamente ocurrieron las presiones denunciadas por Escobar.

Las duras críticas del juez de Garantía

Pese a dar luz verde al sobreseimiento, el juez Iohan León mantuvo una postura marcadamente crítica respecto al desarrollo de los hechos. El magistrado enfatizó que la resolución no implica declarar la inocencia del fiscal Ortiz, sino que responde estrictamente a un marco legal donde los delitos no se ejecutaron.

En su resolución, el magistrado dejó en evidencia severas irregularidades y omisiones del proceso:

  • Falta de registro: Cuestionó la visita no registrada en la carpeta investigativa que realizó Ortiz a la cárcel donde permanecía recluido Jorge Escobar en marzo de 2021.
  • Silencio de instituciones: Criticó que el Servicio Médico Legal tampoco hubiese denunciado oportunamente las supuestas presiones ejercidas por el fiscal sobre la perito forense.

La reacción de la familia: «Defensa corporativa»

La resolución generó un inmediato rechazo en la familia de la víctima. La madre del pequeño Tomás, Estefanía Gutiérrez, expresó que el resultado no le causa sorpresa y acusó un actuar de «defensa corporativa» al interior del Ministerio Público para proteger al primer persecutor de la causa.

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