A diario leemos la indignación de conductores responsables y de usuarios del transporte público, sobre el mal uso que algunos vehículos particulares dan a las vías exclusivas del Gran Concepción. Y pese a que la voluntad del Ministerio ha sido siempre la de fiscalizar el cumplimiento de las normas, muchas veces la capacidad de recursos humanos no es la suficiente.

Es por ello que la Seremi del Biobío, diseñó un proyecto que busca identificar, en forma remota, a vehículos no autorizados que circulan por las vías exclusivas del transporte público, información que se derivará a las instancias competentes para instruir los procesos que fueran procedentes. “Una de las políticas públicas de nuestro Ministerio y que el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido seguir replicando, son las vías exclusivas de transporte público, las que en el Gran Concepción ya suman 39,5 kilómetros entre pistas solo bus y corredores, con una proyección de 40 km más, a ejecutarse durante los próximos 8 años” afirmó el Seremi Jaime Aravena Selman.

La autoridad regional agregó que “la medida de crear estas vías tiene por objetivo priorizar la circulación de los buses con el fin de incrementar la movilidad por medio de la utilización más eficiente de las vías, reducir los costos operacionales de los buses y garantizar un mejor servicio a los usuarios del transporte público. Sin embargo, estás vías se han visto invadidas por vehículos particulares que no respetan la regulación establecida y es por ello, que buscamos la forma de crear una fiscalización en forma remota, que regule el uso adecuada de ellas y en el caso que esto no ocurra se multe de automáticamente”.

La idea, que hace unos días obtuvo la resolución satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pasa a su segunda etapa que es la búsqueda de financiamiento para su ejecución. En el proyecto se instalarán a lo largo de las vías cómo Corredores de Paicaví, Pedro Aguirre Cerda y Chiguayante; y pistas sólo bus en Los Carrera, Av Prat y San Martín, entre otras vías; 85 módulos de fiscalización automatizada, los que constarán con un sistema de cámaras uni o bidireccionales según sea el caso, conexión a fibra óptica y codificadores, entre otros. Tendrá un costo total de 2 mil quinientos millones de pesos, divididos en 4 etapas, donde se establecen los anillos a intervenir en cada una de ellas.