Lo que prometía ser una reunión de trabajo para destrabar una de las mayores crisis de conectividad del país terminó convertida en una verdadera caldera política y social. En una tensa jornada desarrollada en las dependencias del Gobierno Regional, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, ratificó de forma tajante la postura del Ejecutivo: los proyectos de corredores de transporte público para la Ruta 160 y la Ruta 150 – Autopista Concepción-Talcahuano ya no se ejecutarán bajo el sistema de concesiones, pasando a ser asumidos directamente como obra pública por la Dirección de Vialidad.
La decisión cayó como un balde de agua fría sobre los jefes comunales y autoridades regionales presentes. El rechazo fue tan transversal y la molestia tan profunda que la mesa de diálogo se fracturó a mitad de la cita, provocando que varios alcaldes abandonaran el salón antes de la conclusión de la reunión como señal de protesta ante lo que calificaron como una imposición centralista que condena a la región a seguir atascada en el taco y la inseguridad vial.
MOP justifica el cambio en ahorro fiscal y posterga plazos
A pesar de la indignación de la mesa regional, el biministro De Grange no dio espacio a la reconsideración del modelo. «La decisión ya está tomada, vamos a avanzar como obra pública», sentenció ante las autoridades locales. Desde el Ministerio de Obras Públicas argumentaron que desmantelar el modelo concesionado permitirá un ahorro superior al 20% en los costos directos de inversión, asegurando que los estándares técnicos del proyecto no sufrirán alteraciones.
Sin embargo, el propio MOP tuvo que admitir que el ingreso al Sistema Nacional de Inversiones —el cual exige un proceso burocrático estrictamente secuencial y prohíbe el desarrollo de etapas en paralelo como sí lo permitía el modelo privado— ralentizará los calendarios. La cartera estimó un aplazamiento inicial de 2 meses para la Ruta 160 y de 11 meses para la Ruta 150, postergando el inicio de esta última recién para 2029. Para mitigar las críticas, el Gobierno prometió priorizar e intervenir de manera anticipada los cruces e intersecciones con mayor congestión mediante mesas de trabajo locales.
Furia edilicia y del Gobernador: Acusan «fantasía» en los plazos del Gobierno
Las explicaciones de la autoridad ministerial no convencieron a la zona. Aunque el Gobernador Regional, Sergio Giacaman, intentó matizar el hecho de que al menos las obras sigan en pie, remarcó con dureza el malestar territorial. «Hace dos semanas no teníamos proyecto de corredores. Hoy día lo tenemos en un formato y en un modelo que no compartimos», fustigó Giacaman, anunciando una fiscalización inflexible y revisiones mensuales sobre los compromisos del MOP.
Los alcaldes de la Cuenca del Carbón y del Gran Concepción descargaron potentes críticas contra la determinación de La Moneda:
- Talcahuano (Eduardo Saavedra): Fue categórico al manifestar que el Ejecutivo «le dio la espalda a la región». Saavedra desnudó el argumento financiero del Gobierno al advertir que el supuesto «ahorro del 20%» es una ilusión que omite los multimillonarios costos de mantenimiento de las rutas durante los próximos 25 años, gasto que ahora deberá asumir el fisco. Además, calificó como una burla los plazos oficiales, estimando que el retraso real será de cuatro años, dejando la entrada en operación de los corredores recién para 2035 o 2036.
- San Pedro de la Paz (Juan Pablo Spoerer): Tildó de «inverosímil y poco realista» la promesa del MOP de que la Ruta 160 solo sufrirá dos meses de retraso. Spoerer escaló el conflicto político e instó a los parlamentarios de la zona a interpelar al ministro de Obras Públicas en el Congreso, junto con promover un proyecto de resolución para solicitar la intervención directa del Presidente José Antonio Kast.
- Hualpén (Miguel Rivera): Cuestionó que una vez más se le entregue un trato discriminatorio a las regiones frente a las gigantescas inversiones de la capital. Proyectó que los permisos ambientales y los trámites de la inversión estatal retrasarán las obras en «al menos un par de años más».
- Coronel (Boris Chamorro): Lamentó que esta decisión mantenga en el abandono a los miles de usuarios que a diario arriesgan su vida en la red vial. «La ruta más peligrosa de Chile va a seguir siéndolo», recriminó con dureza.
- Lota (Jaime Vásquez): Alertó sobre el aplazamiento real en el inicio de faenas. «Este es un proyecto que debería partir el año 2027. Con la nueva propuesta que plantea el ministro, esto va a comenzar recién el año 2029», fustigó.
La trastienda de una promesa quebrada
La drástica resolución del MOP se da tras un turbulento mes de indefiniciones que comenzó a fines de julio, cuando el Ministerio de Hacienda ordenó congelar la adjudicación de los proyectos —que contemplaban una inversión cercana a los US$ 400 millones— alegando restricciones presupuestarias del Estado. La medida desató de inmediato una ola de indignación en el mundo político y empresarial de la Región del Bío Bío.
A pesar de que las obras ya habían sido adjudicadas al Consorcio Electro-Cointer (ligado al Grupo español Azvi, único oferente del proceso) y de que autoridades parlamentarias insistieron hasta último minuto en buscar alternativas mixtas para no tirar por la borda el trabajo técnico avanzado, el Ejecutivo terminó por sepultar el modelo de concesiones. Con ello, se consolida un duro revés para la infraestructura de la zona, dejando un clima de profunda desconfianza entre las comunidades locales y el Gobierno central.