Sacar adelante la «ley corta» de pesca significa para el Gobierno de Sebastián Piñera cumplir con una promesa realizada en la última campaña presidencial. Para las compañías pesqueras industriales es una de sus mayores pesadillas.

Ayer se cumplió un capítulo relevante en la tramitación de esta normativa que modificará la cuestionada y polémica última Ley de Pesca que data de 2013. La Comisión de Pesca del Senado aprobó la «ley corta» que en su aspecto medular apunta a terminar con las licencias clase A o B y señala que los nuevos permisos que resulten de licitaciones serán por 20 años, y no se renovarán por período alguno.

Esto, a juicio de la pesca industrial, es un «grave» cambio en las reglas del juego, pues recuerdan que en el marco de la tramitación de la Ley de 2013, el rubro entregó sus permisos de captura que eran indefinidos por licencias transables y renovables por periodos de 20 años bajo normas de buen comportamiento y sustentabilidad.

«Estamos muy conformes con esta aprobación de la ley corta en la Comisión de Pesca del Senado, que en lo fundamental es el término de la renovación automática de las licencias de pesca de la industria al cabo de los 20 años que están actualmente gozando», comentó ayer al salir de la sesión el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.

Riquelme señaló que esto «fue una promesa de campaña del Presidente y las promesas se hacen para cumplirse».

La «ley corta» también considera otro punto que tiene relación con la adecuación de la legislación chilena a la internacional para combatir la pesca ilegal en aguas internacionales, indicó Riquelme.

En la jornada de ayer, la Comisión del Senado que preside el senador Rabindranath Quinteros (PS), también aprobó otras materias relacionadas con el rubro pesquero. Una de las más relevantes tiene relación con la soberanía exclusiva de los recursos hidrobiológicos por parte del Estado. Riquelme explicó que «al incorporar la expresión «exclusiva», lo que se hace es reforzar una idea que ya existe». Precisó que esto no significa estatizar los peces, pues ello se contrapone con la legislación interna e internacional suscrita por Chile.

Asimismo, los parlamentarios visaron que se privilegien artes de pesca selectivos, lo que según Subpesca no es una prohibición de la extracción con arrastre, mecanismo que para el senador Quinteros es el más dañino que existe. Riquelme añadió que esta medida también afecta al rubro artesanal en particular a la captura con cerco y enmalle.

Pese a que los gremios pesqueros industriales reclaman que no han sido escuchados por las autoridades, Eduardo Riquelme aseguró que se ha reunido en más de 15 ocasiones con estas asociaciones. «Respecto de la ley corta, naturalmente no hay acuerdo», afirmó.

El senador Quinteros sostuvo en la sesión de ayer que «se equivocan los industriales, no vamos a aceptar presiones de nadie».

Macarena Cepeda, presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), que representa a las firmas de la zona centro-sur, admitió su sorpresa por la rapidez de la votación y sin que se escuchara la postura de la entidad. Señaló que si la ley queda lista para promulgarse van a realizar todas las acciones que puedan en tribunales chilenos y extranjeros, ya que hay empresas internacionales involucradas.

Cepeda también cuestionó la presencia del senador Manuel José Ossandón en la comisión de Pesca, pese a no ser integrante de esta. «Viene a ratificar que se trata de un compromiso de campaña del Presidente Piñera con el senador», recalcó.

Héctor Bacigalupo, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), manifestó su preocupación por el avance de «esta cocina legislativa». El ejecutivo espera que en otras comisiones del Parlamento se abra una instancia para explicar los nocivos efectos que podría tener la «ley corta» sobre el empleo y la inversión.

Hoy se verá en el Senado la prohibición de capturar jibia con arrastre, que también inquieta a la industria.

«»Esto fue una promesa de campaña del Presidente y las promesas se hacen para cumplirse».

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