Claudio Báez Beltrán, director regional del Sernapesca: “Nuestra misión es velar por el cumplimiento normativo para asegurar los recursos pesqueros para que las mujeres y hombres vinculados a la pesca sigan contando con su sustento económico”

Durante los últimos meses el proyecto de ley que busca la modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) ha generado diversas reacciones tanto a nivel institucional como en el gremio de pescadores artesanales. Pese a lo anterior, uno de los ejes más relevantes y, al mismo tiempo, cuestionados, vendría a ser el fortalecimiento del rol fiscalizador del Sernapesca, el que junto a otras medidas estatales permitirían una escena pesquera y acuícola sustentable, erradicando de esta manera uno de los conflictos más importantes que afecta al sector: la pesca ilegal.

En conversación con La Voz del Bio Bio, el actual director regional del Sernapesca, Claudio Baéz Beltrán, analizó la situación que hoy enfrenta la Octava Región, sector que exporta más del 60% de los productos pesqueros y acuícolas del país:

¿Cuál es el impacto que tiene, actualmente, la pesca ilegal en Chile?

“La pesca ilegal es un flagelo que afecta directamente la conservación de los recursos y además genera un impacto negativo en la sustentabilidad del sector pesquero. Si bien ataca directamente la economía de aquellos pescadores que realizan la actividad de manera legal y responsable, también daña la economía de todos los chilenos”.

“En la misma línea, una de las pesquerías más afectadas por la pesca ilegal en nuestro país, es la merluza común. Se estima que por cada cuatro merluzas que circulan en el mercado, tres son ilegales, provocando caídas en los precios dada la mayor oferta. Esto perjudica de manera directa a los pescadores que hacen un esfuerzo por la captura legal, disminuyendo su precio de venta. Además, genera riesgos sanitarios para los consumidores, porque toda la cadena, desde la extracción, comercialización y transporte, se hace sin la debida manipulación sanitaria y sin respetar la imprescindible cadena de frío”.

Desde el Sernapesca, ¿cómo se combate esta actividad?, ¿es suficiente?

“Nuestra institución contempla una serie de acciones de fiscalización. Realizamos controles en zonas de pesca en conjunto con la Armada de Chile. También estamos en los puntos de desembarque, efectuamos controles carreteros junto a Carabineros y se ejecutan inspecciones en centros de consumo y expendio. Asimismo, tenemos el control de monitoreo satelital de las embarcaciones tanto artesanales mayores como industriales, las naves industriales tienen cámaras a bordo para vigilancia, fiscalizamos las plantas de proceso, y además realizamos revisiones documentales”.

“Esta semana dimos un paso muy importante para el combate de la pesca ilegal. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Modernización del Sernapesca. Esta iniciativa nos permitirá contar con mayor dotación de personal y mejores herramientas de fiscalización, que nos otorgará las facultades para ir contra quienes comercializan pesca ilegal. En este punto es importante aclarar que cuando hablamos de comercializadores, no estamos hablando de aquellos locatarios que venden al detalle en ferias o pescaderías de caletas, estamos hablando de aquellos intermediarios que comercializan grandes volúmenes de pesca ilegal”.

Báez, quien se desempeña como director regional del Sernapesca desde el primero de diciembre, explicó que al incautar productos se evalúa su condición y por ende, si es que se encuentran aptos para el consumo. “El juez puede disponer su donación a instituciones como hogares de menores, o asilos de ancianos. En caso contrario, se determina su disposición en un relleno sanitario”.

En cifras, ¿cuál es el volumen en términos de incautación?, ¿especies?

Durante 2018 llevamos más de 80 toneladas de recursos incautados, la mayoría de ellos han sido sardinas y anchovetas, luego merluza, jibia y reineta. Además, hemos incautado más de 200 toneladas de harina y aceite de pescado, que habían sido procesadas a partir de pesca ilegal.

¿A quiénes se les asocia este tipo de delito y cómo se procede con ellas en términos legales?

“Primero, es relevante aclarar que actualmente la falta de acreditación de origen legal de la pesca o del producto procesado no constituye delito, por eso es que esperamos que el Senado apruebe el proyecto de Ley de Modernización, que considera delito el almacenamiento y procesamiento de recursos colapsados o sobreexplotados. En cuanto a la realidad local, hemos constatado que se trata de un grupo reducido que además tiene un historial de reincidencia e incumplimiento. Queremos destacar que es un grupo minoritario, pues la gran mayoría de nuestros usuarios cumple la normativa”.

“En cuanto al procedimiento legal, la normativa establece diversas infracciones para los distintos agentes de la cadena, infracciones que han sido denunciadas a Tribunales durante este año. De hecho, llevamos en el 2018 más de 200 citaciones a tribunales, tanto para infractores del sector artesanal como del industrial”.

¿Qué se debería hacer para crear conciencia del daño que causa la pesca ilegal en la sociedad?

“En este momento, nos encontramos definiendo las estrategias de trabajo para el 2019. Estamos abocados en un enfoque de riesgo para las pesquerías en estado crítico. Nos importa de sobremanera velar por la sustentabilidad de la actividad pesquera”.

“De manera paralela, hemos incorporado a la estrategia el enfoque comunicacional. Estamos convencidos que la ciudadanía es relevante para ayudarnos a cuidar el patrimonio pesquero, que es de todos. Por eso tenemos campañas de difusión masiva, como la veda de la merluza que realizamos todos los años y la campaña “Salvavedas” que lanzamos este año. Una ciudadanía más informada, y educada en materia de conservación de recursos pesqueros, evitará consumir pescados ilegales, desincentivando así la comercialización de pesca ilegal”.

¿Cuál es la situación que enfrenta la región?

“Nuestra región es la pesquera más relevante del país. Registramos los mayores desembarques de sardinas y anchoveta, jurel, reineta y jibia del país. Tenemos 70 caletas, 74 áreas de manejo de recursos bentónicos, dos áreas insertas en el Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos para exportación. Además, por nuestra región se exporta alrededor del 60% de los productos pesqueros y acuícolas del país”.

“Las pesquerías de mayor impacto económico son las pelágicas. El jurel en el caso de la flota industrial, y las sardinas y anchovetas, en el caso de la flota artesanal. Durante estos últimos dos años, se ha masificado explosivamente la captura de la jibia o calamar rojo, recurso que ha aumentado considerablemente su precio los últimos años. Y en cuanto a la pesquería demersal, la merluza común es también relevante porque es un pescado destinado a consumo humano”.

“Los resultados de monitoreos que realiza IFOP, dan cuenta de una lenta pero alentadora recuperación de las pesquerías que estaban declaradas en colapso, y esperamos que el sector comprenda que es importante respetar las recomendaciones de los comités científicos en temas administrativos. A veces Sernapesca figura como una institución restrictiva, pero hacemos un llamado a la ciudadanía a comprender que nuestra misión es velar por el cumplimiento normativo para asegurar la sustentabilidad, es decir, para que el día de mañana sigamos contando con recursos pesqueros para que las mujeres y hombres vinculados a la pesca sigan contando con su sustento económico”.

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