La arista Asipes y Otras Pesqueras sigue hasta la fecha siendo incógnita nacional, ya que las indagatorias continúan sin esclarecer hechos que imputan a políticos chilenos.

Debemos recordar que Corpesca,la primera pesquera situada al norte del país, se dividió en un caso diferente llamado “Otras Pesqueras”, centrándose principalmente en la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) de Región del Bío Bío y a Luis Felipe Moncada, quien cumplió el rol de gerente general y luego presidente
de la asociación.

Y es que para la comunidad pesquera artesanal y la ciudadanía, resulta necesario esclarecer las denuncias hechas sobre la relación de la Asociación de Industriales Pesqueros y otras empresas con los legisladores que
intervinieron en la tramitación de la Ley de Pesca.

Ya estamos en 2020, y mucha agua ha pasado bajo el puente. Por tal razón es que los querellantes en la arista Asipes y Otras Pesqueras lamentaron que a dos años de abierta la investigación aún el Ministerio Público no arribe a resoluciones concretas, de manera de explicar los aportes recibidos por legisladores que intervinieron en la llamada Ley Longueira.

Hasta la fecha son varios los cuestionamientos de cómo se llevará el curso de la investigación y si la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, logrará formalizar a los congresistas del Bío Bío vinculados por eventual cohecho en la tramitación de la normativa pesquera.

Eso sí, hay que recordar que la fiscal regional aseguró a que el caso Corpesca y su arista Asipes no serán trasladados y seguirán siendo indagados por el Ministerio Público de la zona.

Cartagena tendrá un año más para enfrentar tareas importantes en causas emblemáticas como las ya señaladas. El Ministerio Público indaga el pago de millonarios aportes a las campañas de senadores y diputados del Bío Bío, quienes intervinieron en la cuestionada Ley de Pesca, una causa a cargo de la fiscal Cartagena, y respecto de la cual el dirigente de los pescadores artesanales, Hernán Cortés, expresó que era lamentable la inexistencia de avances o formalizaciones.

El dirigente indicó que “ha sido lento el proceso. Creo que es ya prudente tener algunos resultados sobre esto. Ha sido una larga espera para saber cómo fueron los acontecimientos que nos llevaron a tener una ley de pesca corrupta como la longueira”

La Fiscalía Regional del Bío Bío de manera muy escueta ha informado a los medios regionales que aún hay diligencias pendientes y que por ahora no es posible comprometer alguna fecha respecto de algún tipo
de resolución.

Sin embargo, a principio de este año, la fiscal Cartagena ya ha dado algunas luces de cómo se avanza en el Caso Asipes. Sostuvo que un peritaje encargado a Google es clave para definir el futuro de la investigación, dado que las eventuales formalizaciones dependerán de dicho informe.

“Estamos esperando un antecedente que viene del extranjero para tomar las decisiones pertinentes. Se trata de un peritaje encargado a Google sobre los correos y que incluye a la senadora Van Rysselberghe. Este informe podría derivar en posibles formalizaciones y se nos ha dado un plazo de 45 días para su entrega”, aseguró.

Por esta causa han declarado como imputados la senadora, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), el diputado, Frank Sauerbaum (RN) y el ex diputado Cristián Campos. Mientras que como testigo lo han hecho el diputado, Sergio Bobadilla (UDI) y el embajador de Chile en Paraguay y ex intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa.

Durante agosto de 2019, tanto pescadores artesanales de Lebu como del todo país lograron que la industria quedara sin jibia, al regir la norma legal que les prohíba la captura de este recurso con arrastre. En la instancia expresaban: “es un gran triunfo para el pueblo artesanal,
hoy estamos más unidos que nunca, hoy por la Jibia y mañana por el fin de la Ley de Pesca”.

Hoy la lucha continúa y será más fuerte que nunca. Y es que a raíz del estallido social, el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), la Confederación de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), la Coordinadora Nacional de Jibieros y  la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, rechazaron la “Agenda social para los pescadores artesanales” presentada por el Ejecutivo y exigen además la anulación de la Ley Longueira y la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura.

Los pescadores artesanales lamentan que “a pesar de la crisis que vive el país y las claras demandas ciudadanas, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y sus equipos ministeriales, siga equivocándose, generando medidas “parche” que no dan respuesta real a dichas
necesidades”.

En este contexto, aseguraron que el lanzamiento de una “Agenda social para los pescadores artesanales solo contempla medidas asistencialistas, que no apuntan a los cambios estructurales reales que la pesca ancestral necesita para avanzar hacia un sector
pesquero artesanal más justo y equitativo”.

A juicio de las organizaciones, “son medidas inconsultas y que muestran que no existe ningún interés en dar respuesta a las graves consecuencias que ha traído la mala administración de los
recursos. Por ejemplo, que el 69% de las principales pesquerías estén en manos de cuatro empresas pertenecientes a 7 familias, y que apenas el 31% de la cuota de pesca esté en manos del sector artesanal, que corresponden a cerca de 100 mil pescadores; y como consecuencia de la depredación industrial, que el 70% de las pesquerías estén sobreexplotadas o colapsadas según los reportes del mismo Gobierno”.

Embarcadero como solución

Este se presentó la construcción del frente de atraque embarcaciones menores Ribera Sur, que cambiará la fisonomía de uno de los sectores más tradicionales de la comuna, considerando 500 metros de frente de atraque y fondeo, a una cota inferior a la de los muros ribereños. El
frente estará pavimentado y tendrá una vía vehicular unidireccional, además de otra serie de detalles, visadas por los propios pescadores de la zona y la supervisión de la Municipalidad de Lebu.

“Es un sentido anhelo de nuestros pescadores, quienes todos los días trabajan en este lugar, que no reúne las condiciones para la faena pesquera. Con este proyecto se le sigue dando un
impulso al sector, se revitaliza nuestro río, se rescata la importancia que tiene para el desarrollo de la ciudad, en lo turístico y en lo productivo”, indicó el edil Cristián Peña.

Peña agregó que “Estamos seguros que la obra será un nuevo atractivo para Lebu (…) Hay un compromiso del Gobierno con los puertos pesqueros del país y, en la región, Lebu es el más
importante. Por eso, hemos puesto toda nuestra disposición aportar a esta iniciativa, así se lo manifestamos al subsecretario y a toda su cartera”.

Desde la Seremi de Obras Públicas sostienen que “El diseño lo hicimos en conjunto con los pescadores, esperamos que a mediados de 2021 tener todo listo para la comunidad y la pesca artesanal de Lebu”.

Un proyecto que continuará potenciando esta zona pujante y que tiene en la pesca artesanal a su principal iniciativa económica.

El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero se reunió con el Ministro de Economía, Lucas Palacios. En la cita los dirigentes encabezados por Hernán Cortés, presidente de Condepp, le plantearon que hoy más que nunca los pescadores artesanales necesitan una nueva Ley de Pesca que sea justa con los recursos pesqueros y que considere que la propiedad de los peces esté en manos de Estado y de todos los chilenos.

Para Cortés, “el encuentro fue franco, pero que mas allá de eso no se ha conseguido nada distinto, agregando que la Ley de Pesca fue producto de la corrupción, y lo que es mas grave, la ley Longueira no cumplió con su promesa de sustentabilidad de los recursos pesqueros” señaló.

Los distintos dirigentes presentes en la cita, plantearon a su vez, alguna de sus exigencias, como, por ejemplo, un nuevo fraccionamiento de las pesquerías que refleje un acceso equitativo para los pescadores, término de la pesca de arrastre, derecho a una nueva plataforma social que sea mas y mejor implementada para beneficio de pescadores artesanales de mayor edad. Sobre este tema se estuvo de acuerdo que la plataforma social es insuficiente tal como lo ha propuesto el gobierno. Exigimos una plataforma social sólida y fuerte.

El ministro Palacios se manifestó llano a buscar soluciones consensuadas y de apego a la actual ley de pesca. No descartó modificaciones, pero previamente debe estudiar cada punto en profundidad. Por su parte el subsecretario de pesca, Roman Zelaya, se mostró conforme, “estoy optimista, fue un encuentro franco, en el que se avanzó en algunos, en otros no tanto, pero lo mas importante es que hay buena disposición y diálogo, señaló el subsecretario.

Destacó como relevante los acuerdos para Indespa (Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal), a orden a fortalecer el valor agregado en el trabajo de los pescadores artesanales y el consiguiente apoyo a las organizaciones gremiales.

Hernán Cortes Bernal, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero, (CONDEPP) y de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales (FENASPAR), fue enfático para “rechazar y condenar todos los actos de saqueos y destrucción de las últimas semanas, que lo único que logran es dejar sin trabajo a miles de familias”. No está en la esencia de los pescadores artesanales.

Por otra parte, hizo mención a que “los pescadores artesanales seguiremos luchando con los argumentos del derecho para obtener reconocimiento para los justos anhelos y convicciones, las que nunca abandonaremos”.

Los pescadores artesanales hacemos un llamado al diálogo y la paz, para que juntos construyamos un Chile prospero, esto depende de cada uno de nosotros, sin egocentrismos, y mirando el futuro de nuestros hijos.

Los proyectos de “Carretera Hídrica”, han sido criticados tanto por pescadores artesanales, académicos, comunidades y autoridades de la Región del Bío Bío, esto porque se buscaría extraer agua desde los caudales de la zona para ser enviada mediante tuberías al norte del país.

Preocupados están los pescadores artesanales del Bío Bío por el proyecto de carretera hídrica submarina, que sacaría agua del río Bío Bío para llevarla al norte del país. Por lo mismo, es que enviaron una carta dirigida al presidente de la República, Sebastián Piñera, donde manifiestan su rechazo sobre el proyecto.

La iniciativa fue ingresada ya al sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas y contempla extraer agua de la desembocadura del río Bío Bío y transportarla hasta las regiones con escasez hídrica en el norte, a través de un ducto que se construiría a una profundidad de entre 100 a 200 metros bajo el mar

Desde la Condepp, entidad que agrupa un buen número de pescadores artesanales, manifestaron sus reparos por los posibles efectos nocivos sobre el medioambiente marino, y exigió que sean incorporados a la discusión.

El dirigente y presidente de la Condepp, Hernán Cortés, entregó una carta dirigida al presidente Piñera y al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien participaba en una actividad de la cartera en Concepción.

En la instancia, Jobet explicó que es un tema de Obras Públicas, aunque fijó algunas posturas del Gobierno.

Por su parte, el dirigente indicó que: “cualquier intervención al río Bio Bio matará la pesca artesanal de la Región, porque recursos como la sardina, el róbalo o el pejerrey, obtienen nutrientes y se reproducen mayoritariamente en la desembocadura del río con el Golfo de Arauco; y si no hay desove, no habrá pesca, provocando no solo un tremendo daño ecológico, sino también económico y social para más de 4 mil pescadores y sus familias”.

El proyecto de carretera hídrica submarina, AquaAtacama, tiene un costo aproximado de 8 mil millones de dólares y por ahora sólo es una idea concreta ingresada a concesiones, pero no se ha definido aún el interés del Ejecutivo.

El CEO del proyecto, Félix Bogliolo, señaló en una entrevista con TVU Noticias que este no trae ningún beneficio para la región, pero desde su punto de vista tampoco la perjudicaría.

Además, Bogliolo reconocido que los trasvase no han sido exitosos en Europa, específicamente en España, ya que han tenido impacto ecológicos en las comunidades donde se han instalado, alterando el entorno terrestre.

Sin embargo, Bogliolo señaló que el proyecto de su creación contemplaría solucionar los fallos anteriores, ya que se cuidaría los sistemas ambientales, tomaría agua abajo y sería submarino.

Hay que destacar que dichos proyectos fueron calificados como “poco factibles” por la directora del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Alejandra Stehr.

La experta indicó que si se sacan sedimentos del río, se provocarán más erosiones en la costa y llegarán menos nutrientes a la zona costera, lo que afectaría negativamente a la industria pesquera y los ecosistemas.

Los proyectos también tendrían un impacto negativo en la calidad del agua del Bío Bío, según explicó Stehr, quien también planteó otras alternativas como la restauración de humedales y bosques nativos, para aumentar la producción de agua de las cuencas.

En la calle está la lucha. Así lo entendieron los pescadores de la Región del Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos, Araucanía y otras que están peleando por sus derechos en relación a la sardina y anchoveta. Todo esto se da en medio de la discusión por la petición de los pescadores para aumentar el riesgo de captura, que está en un 30% a un 40%. Ello, permitiría incrementar sustantivamente la cuota del recurso y cumplir con las 600 mil toneladas que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera prometieron al sector artesanal, pero que hace años no se materializan en la práctica.

Sólo en la Región del Bío Bío participan 73 organizaciones y el bolsón residual, siendo la región con más capturas en la unidad de pesquería. Además de las asignaciones y capturas de organizaciones, encontramos cuotas para consumo humano, por eso es vital lo que se está peleando en este momento, ya que desde el sector público y científico le han dado la espalda al trabajo de los pescadores.

Hace unas semanas, una carta firmada por seis científicos de la Universidad de Concepción, exigió que al Comité Científico de la sardina y anchoveta rechazar este aumento y que han sido acusados de intervencionismo, ya que planteaban la inconveniencia de este cambio y eventual aumento de cuota, pese a que ninguno de ellos integra ese comité, sino que otros de la institucionalidad pesquera.

Una situación anómala y que puso en alerta a los trabajadores, ya que las consecuencias de esa carta han sido nefastas. El sector cerquero del Bío Bío calificó lo ocurrido como una interferencia y presión indebida, mientras que en la Universidad hay un sumario por la situación.

Por el otro lado está el gobierno, que tampoco ha intentado solucionar el asunto y sólo ha actuado con represión contra los pescadores. El Gobernador de Concepción, Robert Contreras sostuvo que “no es la forma de poder conversar o dialogar ante las determinaciones que se van a tomar, las medidas de fuerza no se pueden aprobar bajo ningún punto de vista, eso lo tienen que entender”.

El amedrentamiento del gobierno llegó a los oídos de los pescadores, quienes respondieron con manifestaciones y conservaciones entre sus agrupaciones para meter presión ante lo acontecido. “No estamos pidiendo bonos, ni plata, sólo queremos que nos respeten la cuota. Sabemos que lamentablemente no van a volver a los niveles históricos, pero si queremos que sean acordes a la disponibilidad del recurso que está en el agua, actualmente nos quieren dar un tercio del recurso y eso no es justo para nosotros”, dijo el dirigente artesanal de Coronel,  César Jorquera.

Juan Santana, vocero del sector pelágico de los sardineros de Los Ríos, agregó que “estas protestas son una medida de presión, de cara a lo que va a sostener el Comité Científico Técnico. Nosotros como pescadores sólo estamos pidiendo una cuota aceptable para trabajar, ojalá más de 400 mil toneladas para 2020, estamos pidiendo que aumente un parámetro que se llama riesgo y que nos den una cuota sostenible para el próximo año, sólo queremos trabajar, acá no hay diferencia entre los trabajadores.”.

Leonardo Cruz, dirigente pesquero de la zona sur sostuvo que “en este minuto no hay trabajo y si no hay trabajo no hay sustentos en las familias, el descontento que se manifiesta eso. No hay trabajo, no tenemos cuota, no hay aumento, no hay como salir adelante. Lo único que ha hecho el gobierno es cuidar la sustentabilidad, es lo único en lo que piensan, sustentabilidad en el tiempo de la pesca, pero de una forma muy irónica, muy contraproducente, el trabajo del Ifop ha sido malísimo”.

El relato del pescador no se quedó ahí y agregó: “Aumentar el riesgo significa que puede aumentar la cuota del 2020, queremos que eso lo vea el comité científico. En este minuto, el sector pesquero artesanal no sólo está descontento porque no se cumple la cuota, sino que porque el gobierno no tiene ningún plan de contingencia, ni mitigación”.

Pedro Irigoyen, dirigente de los pescadores, también va al tema científico, siendo claro en señalar que “están los estudios que indican que el pescado se recuperó y bastante, pero por otro lado el comité científico, que define las cuotas a pescar, que hoy están en menos del 10 por ciento de lo que hay en el agua, sigue manteniendo unas cuotas de miseria que no se justifican. Lo más fácil para ellos es fijar una cuota bien pequeñita, ojalá que los responsables hagan un trabajo profesional y fijen una cuota acorde a lo que hay en el agua”.

El presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés acotó que “creemos que lo que está ocurriendo hoy día con el comité científico no tiene sentido. Cuando tenemos una biomasa que está al doble de lo que había el año pasado a esta fecha y, sin embargo, eso no se ve reflejado en un aumento de cuota como lo está pidiendo la pesca artesanal”.

Además, no escatimó en apuntar a “la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera que fijaron en su minuto la cuota en 600 mil toneladas y más para que el RAE (Régimen Artesanal de Extracción) funcionara en la octava región y en la macrozona, y, sin embargo, hemos estado trabajando con dos tercios de esta asignación”.

De 216.000 a 291.000 aumentó la cuota de captura para 2019 de sardina y anchoveta para la Región del Bío bío, según informó el Ministerio de Economía, tras conocer los informes del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop) y el Comité Científico Técnico de la Subsecretaría de Pesca, lo que generó cerca de 9 mil millones de pesos, es más desde los organismos pertinentes han señalado que “lo principal en esto, es que la pesquería se está recuperando, la biomasa que se ha encontrado en el último tiempo, a través de los cruceros de Ifop, han demostrado un aumento y una recuperación de la pesquería que ha sido sostenida en los últimos años”.

Sobre esto, Cortés apuntó: “Lo que se espera como región es que volvamos a 650 mil toneladas que era el piso que fijaron tanto la Presidenta Bachelet como Piñera para que funcionara. No tiene sentido que tengamos una cuota tan baja habiendo tanta abundancia de peces. Los Comités Científicos Técnicos hoy no tienen poder de decisión real sobre los recursos pesqueros. Esta figura fue una buena idea, pero se quedó corta con la realidad del sector pesquero.  Sus decisiones dan un rango de acción a la Subsecretaría de Pesca, donde finalmente una autoridad administrativa y política toma la decisión final sobre cuánto capturar de un determinado recurso pesquero”.

Sólo resta esperar la decisión de los organismos pertinentes y ver si es que están del lado de los pescadores artesanales o siguen defendiendo los intereses de un ejecutivo que no ha sido capaz de ayudar a los trabajadores. Lo que está claro, es que si esto no mejor, los pescadores continuarán en la calle luchando hasta conseguir resultados.

DESTACADOS:

“están los estudios que indican que el pescado se recuperó y bastante, pero por otro lado el comité científico, que define las cuotas a pescar, que hoy están en menos del 10 por ciento de lo que hay en el agua, sigue manteniendo unas cuotas de miseria que no se justifican”, Pedro Irigoyen.

“Estas protestas son una medida de presión, de cara a lo que va a sostener el Comité Científico Técnico. Nosotros como pescadores sólo estamos pidiendo una cuota aceptable para trabajar, ojalá más de 400 mil toneladas para 2020”, Juan Santana.

Todo esto se da en medio de la discusión por la petición de los pescadores para aumentar el riesgo de captura, que está en un 30% a un 40%. Ello, permitiría incrementar sustantivamente la cuota del recurso y cumplir con las 600 mil toneladas que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera prometieron.

“En este minuto no hay trabajo y si no hay trabajo no hay sustentos en las familias, el descontento que se manifiesta eso. No hay trabajo, no tenemos cuota, no hay aumento, no hay como salir adelante”, Leonardo Cruz

La Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), encabezada por Juan Montenegro hizo un llamado a los miembros de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, para que mañana (miércoles) aprueben el proyecto de ley refundido de los parlamentarios Gabriel Ascencio y Jorge Brito, iniciativa que termina con los traspasos de cuotas dentro del sector pesquero. Esto, porque en la práctica está provocando que la pesca artesanal vaya desapareciendo, se incentive la pesca ilegal y existan perjuicios económicos concretos sobre la remuneración de estos, y también en los trabajadores industriales que han visto disminuidos sus sueldos hasta en un 40% por parte de sus empleadores.

“Si no se eliminan los traspasos de cuotas, la pesca artesanal terminará siendo de papel y se seguirá incentivando la pesca ilegal. Esto sin considerar que como lo indicamos en el recurso de protección que fue acogido a trámite por la Corte de Apelaciones de Concepción, se está afectado directamente las remuneraciones variables de los trabajadores industriales que fueron pactadas en negociación colectiva, provocando un desmedro de hasta un 40% en los sueldos”, sostuvo Montenegro.

Para el presidente de Fetrapes, esta no es ninguna novedad, el 25 de septiembre pasado en sesión de la Comisión de Pesca, la directora (s) de Sernapesca, Jessica Fuentes, informo que hay regiones que traspasan casi el 100% de la cuota de pesca (merluza del sur) al sector industrial, sin tener la certeza si esta transacción es con retribución económica o si existe pago a los armadores, quienes deberían cancelar una parte a sus trabajadores, o si aquel armador que traspasó su cuota sigue pescando de forma ilegal.

El dirigente agregó que otro punto a considerar, es el efecto sobre el ecosistema, “porque mientras la pesca artesanal captura el recurso con malla, espinel u otros, la industria lo hace con arrastre, arte de pesca que depreda los recursos y el fondo marino”, puntualizó.

Dos mil trecientos pescadores artesanales de Coronel, presentaron esta semana una demanda civil por daños contra la empresa ESSBIO que suministra el servicio de agua potable en la Región del Bio Bio. El libelo interpuesto en el 1er Juzgado de Letras de Coronel, apunta a una indemnización por daño moral contra ESSBIO de 7 millones de pesos para cada uno de los demandantes, esto debido a la serie de denuncias que ha recibido la empresa en los últimos 9 años, tanto de Municipios de la zona, como sanciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la última este año por 34 Unidades Tributarias Anuales, por turbiedad debido a sedimentos en el vital elemento.

“Con esta demanda estamos diciendo basta. En Coronel y en nuestra Región no queremos que se repita lo ocurrido en Osorno, queremos que se intensifiquen las fiscalizaciones y que ESSBIO tenga claro que su ineficiencia de años tiene un costo real, porque no se juega con la salud de las personas”, indicó Hernán Cortés, presidente de Fenaspar.

Según costa en el escrito, interpuesto por el estudio de abogados Lagos y Cía., se ha “constado en sucesivos reclamos y procesos sancionatorios seguidos por la SISS en contra de ESSBIO S.A., particularmente el año 2014, falencias en la calidad del servicio en la comuna de Coronel (expediente SISS N° 35912014), son recurrentes los fenómenos de turbiedad por sedimento que se evidencian en el sistema de distribución de agua potable de dicha comuna, cuya procedencia y contenido se desconocen, los que se han mantenido e incrementado en el tiempo desde el año 2011 a la fecha, afectando de diversas maneras a la generalidad de los usuarios de la ciudad”.

A esto se suma que “con fecha 04 de febrero de 2019, la Superintendencia de Servicios Sanitarios cursó una multa de 34 Unidades Tributarias Anuales, es decir, aproximadamente unos $20.000.000 de pesos a la empresa ESSBIO S.A., esto tras registrarse episodios de turbiedad en el agua de la ciudad de Coronel. Dicha sanción se otorgó después de meses de investigación donde se acreditó la calidad de agua potable en Coronel respecto a los parámetros de turbiedad y cloro residual (…) y que, con fecha 22 de febrero del presente año, el Alcalde de la I. Municipalidad de Coronel el Sr. Chamorro Rebolledo, en compañía de dirigentes sociales, concurren a la SISS para presentar un oficio de reclamo contra la empresa ESSBIO S.A., por la condición del agua potable de la comuna de Coronel; ello en atención a los constantes y reiterados reclamos de la población de dicha comuna, debido a la turbiedad y mal olor del agua potable”.

Ante las declaraciones del presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta, Senador Rabindranath Quinteros, quien afirmó que tras escuchar a los constitucionalistas “llego a la conclusión de que el Presidente de la República ha enviado al Congreso un proyecto inconstitucional”, el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, afirmó que esto es muy grave y que frente a esta situación la única respuesta es anular la Ley de Pesca.

“Si la Ley Corta del Presidente Piñera es inconstitucional, la única respuesta es anular la ilegítima Ley de Pesca”, afirmó el dirigente.

Agregó que es muy grave lo que está ocurriendo, y que tal como lo señaló el Senador Quinteros, “pareciera que el Gobierno sabía que esta iniciativa terminaría entrampada en tribunales, dando tiempo y espacio para mantener los privilegios de la industria pesquera”.

En el marco de la llamada Carretera Hídrica, el presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, rechazó cualquier intervención en el caudal del río Bio Bio por los efectos nocivos que tendrá sobre los recursos pesqueros de la región, tanto en el ecosistema como en el impacto económico y social en más de 4 mil pescadores que viven de la pesca.

“Cualquier intervención al río Bio Bio matará la pesca artesanal de la Región, porque recursos como la sardina, el róbalo o el pejerrey, obtienen nutrientes y se reproducen mayoritariamente en la desembocadura del río con el Golfo de Arauco; y si no hay desove, no habrá pesca, provocando no solo un tremendo daño ecológico, sino también económico y social para más de 4 mil pescadores y sus familias”, señaló el dirigente.

Para Condepp la solución para abastecer a las zonas agrícolas, no puede ser a costa de la pesca artesanal, por lo que se mantienen en estado de alerta. “El gobierno no puede olvidar que el desarrollo del país no solo lo generan las empresas, no hay que cometer el mismo error que con la Ley de Pesca, entregando privilegios a unos pocos”, puntualizó.

Reiteró que ninguno de los proyectos en discusión en el marco de la Carrera Hídrica, serán inocuos. Los efectos serán irreparables “y no habrá vuelta atrás, tal como ya lo han señalado investigadores de la Universidad de Concepción”.

La Pesca Industrial de la zona centro sur celebró esta mañana un hito histórico como productora de alimentos para consumo humano al lograr en el primer semestre de este año elaborar 190 mil toneladas de congelados y conservas en base a jurel. “Esto es posible dado el gran avance en el uso  de este recurso, pues hoy el 80% de las capturas de la flota industrial tiene como destino las personas, lo que nos tiene muy contentos, pues es un compromiso cumplido el entregar a los chilenos un alimento sano, rico, muy accesible y barato”, dijo Macarena Cepeda Godoy, Presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, al encabezar la ceremonia donde se exhibió la tonelada 190 mil de productos en base a jurel, en uno de los galpones de maniobra de la empresa Blumar, en San Vicente, comuna de Talcahuano.

Esta mañana, las empresas Alimar, Blumar, Camanchaca, FoodCorp, Landes y Orizon (no socia de ASIPES), además de autoridades, trabajadores y vecinos participaron en esta ceremonia donde se destacó la progresiva recuperación de este recurso pesquero. Según datos de Sernapesca, en los últimos cinco años la producción de jurel ha ido al alza en forma progresiva. En 2015, se elaboraron poco más de 75 mil toneladas de productos en base a jurel para consumo humano. Sin embargo, el salto al 2019 es cualitativo (190 mil toneladas sólo el primer semestre) y, de darse las condiciones el próximo año, podría superar largamente las 200 mil toneladas de productos elaborados en base a este recurso.

Macarena Cepeda dijo que “estamos hablando que las plantas de las empresas socias de ASIPES y Orizon produjeron el primer semestre de este año 158 mil toneladas de congelados y 32 mil toneladas de conservas de jurel (más de 3 millones de cajas). Por ello cuando decimos que la industria pesquera es un motor económico y alimentario en la Región del Biobío, nos referimos a datos tan concretos como éstos. Estamos orgullosos de la calidad de nuestros productos, de la gestión sostenible y libre de pesca ilegal que hacemos de los recursos pesqueros y de un capital humano altamente especializado que nos permite estos logros. Pero, además, nos permite retornos por exportaciones, sólo en este primer semestre, por unos US$177 millones”.

La industria pesquera se define hoy como una industria de alimentos, ya que el 70% de los recursos que captura su flota se destina a congelados y conservas, es decir, consumo humano directo. Los principales productos para consumo humano son el congelado de jurel, merluza común, jibia y langostinos, así como las conservas de jurel en sus variados formatos.

Pesca Industrial del Biobío recibe prestigiosa certificación internacional de sustentabilidad

Pero la celebración incluyó otro logro ligado a la protección y manejo responsable de los recursos, pues las empresas Alimar, Blumar, Camanchaca, FoodCorp, Landes y Orizon, recibieron la certificación Marine Stewardship Council (MSC) para la pesquería del jurel, que fue entregado por Kurt Sulzer, representante de la casa certificadora Lloyd’s Register, y Rodrigo Polanco, de MSC.

Esta certificación de pesca sostenible acredita que los recursos pesqueros que exhiban dicha etiqueta vienen de una pesquería sostenible y cada empresa dentro de la cadena de distribución ha pasado una auditoria detallada de trazabilidad. Macarena Cepeda explicó que le pedimos a MSC venir a Talcahuano, porque aquí está la capital pesquera de Chile y en el caso del jurel, es ahora la pesquería certificada y sostenible más grande de Latinoamérica.

Esta certificación es la respuesta de la industria a los acuerdos adquiridos en 2015 en el marco de la cumbre internacional Our Ocean, donde los gremios pesqueros se comprometieron a iniciar procesos de verificación de sostenibilidad bajo el estándar del MSC para todas aquellas pesquerías sometidas al régimen de Licencias Transables de Pesca (LTP).

En sólo tres años la recuperación de la población de jurel permitió incrementar la cuota en 28,4%. Actualmente, este recurso tiene una cuota global nacional de 380 mil toneladas, que ha venido en aumento en los últimos años gracias a las medidas de conservación y manejo que ha incorporado la industria. Estas han sido trabajadas con la autoridad y la colaboración internacional pesquera en la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, ORP.

“Para nosotros muy gratificante lo que está ocurriendo, luego de siete años de trabajo, fortaleciendo las medidas de conservación, aceptando la orientación científica en la toma de decisiones y el respeto por la institucionalidad. La Pesca Industrial es parte de la estructura alimentaria del país y es fundamental que el mundo político tome en cuenta los avances en materia de sustentabilidad y el dinamismo económico que aporta en las regiones en que opera. Antes de abordar nuevas decisiones en materia de legislación, nuestras autoridades deben preocuparse de asegurar una normativa que fortalezca nuestro sector pesquero y no nos deje en la incertidumbre. A toda costa hay que evitar regulaciones que amenazan y dañan antojadizamente el pilar social y económico que hemos construido en más de 70 años de aprendizaje”, enfatizó la presidenta gremial.