Este 12 de agosto de 2026 comenzó a regir oficialmente en todo el país la Ley N° 21.802, normativa que institucionaliza y fortalece el rol de los municipios en la prevención del delito y la seguridad pública. El cuerpo legal otorga un marco jurídico inédito a los equipos locales para colaborar formalmente con Carabineros y el Ministerio Público, sin que esto signifique la creación de una policía comunal.
A pesar de ser valorada de manera transversal por los gobiernos locales, su puesta en marcha ha puesto de manifiesto complejos nudos operativos y financieros que el Ejecutivo busca corregir mediante el ingreso de una «ley corta» al Congreso.
Ejes y cambios operativos de la Ley 21.802
La nueva legislación establece reglas claras sobre las funciones, la protección y las facultades del personal municipal en el territorio:
- Estatuto y profesionalización de inspectores: Se regula de forma estricta la figura del inspector de seguridad municipal, exigiendo capacitación obligatoria, idoneidad técnica y exámenes de drogas para el personal, directores de área y autoridades comunales. Ilustre Municipalidad de Frutillar
- Equipamiento defensivo y seguros: Se autoriza el uso de elementos de protección como chalecos antibalas, cascos, bastones y esposas. Paralelamente, se consagra la obligación legal de contratar un seguro de vida para el personal expuesto a riesgos.
- Nuevas atribuciones en terreno: Los inspectores quedan facultados para efectuar patrullajes preventivos, intervenir o retener a personas ante delitos flagrantes y realizar seguimiento a vehículos hacia comunas colindantes. Asimismo, colaborarán en el monitoreo de medidas cautelares relativas a Violencia Intrafamiliar (VIF).
- Coordinación e integración tecnológica: Modifica la Ley Orgánica de Municipalidades consolidando las Direcciones de Seguridad Pública. Promueve la interoperabilidad de cámaras de televigilancia, lectores de patentes y sistemas de geolocalización en tiempo real con las policías y la Fiscalía.
La «Ley Corta»: Destrabando el límite de gasto municipal
Junto con la entrada en vigor de la norma, la atención se ha trasladado al debate legislativo por la «ley corta» presentada por el Gobierno. El principal cuello de botella radica en que la contratación de personal de seguridad bajo el Código del Trabajo impacta de forma directa sobre el tope del 42% en gasto de personal que limita legalmente a las municipalidades.
Este tope presupuestario amenaza con obligar a varias alcaldías a optar entre congelar nuevas contrataciones o incurrir en infracciones administrativas. Para resolver este punto, la iniciativa tramitada en el Congreso busca eximir este ítem del límite de gasto y perfeccionar aspectos como la obtención de licencias de conducir especial (Clase F) para los conductores de vehículos de patrullaje municipal.