Desde el año 2017, la educación pública en Chile atraviesa una de sus transformaciones estructurales más profundas con el traspaso paulatino de las escuelas y liceos desde las municipalidades a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Sin embargo, este proceso ha transitado por un camino sinuoso, empañado por fallas en el diseño original, resultados dispares y una rigidez ideológica que, en no pocas ocasiones, antepuso la urgencia política y la burocracia por encima de las necesidades reales de la comunidad escolar.
En un mapa donde coexisten municipios con graves deficiencias financieras y de gestión junto a otros con balances sanos y estándares pedagógicos destacados, el Ministerio de Educación presentó esta semana un proyecto de ley que busca corregir la ruta. La iniciativa reajusta el calendario de implementación y abre la puerta para que aquellos municipios con buen desempeño retengan la administración de sus establecimientos.
Un ajuste pragmático, no una contrarreforma
Frente a las voces que apresuradamente tildan cualquier cambio de «retroceso» o «ataque a la reforma», es necesario aclarar que esta propuesta no interrumpe ni desnaturaliza la Ley de Educación Pública. Tanto la flexibilización de los plazos como la postergación del traspaso para comunas con buena gestión eran mecanismos contemplados en el espíritu y articulado de la ley original, fundamentales para lograr el consenso político que permitió su aprobación.
Las evidentes limitaciones operativas del Estado para asumir una carga administrativa de esta magnitud justifican la extensión del cronograma general hasta el 2040. El objetivo central de esta gradualidad no es frenar el cambio, sino resguardar la continuidad del servicio y evitar colapsos que terminen perjudicando el aprendizaje de miles de niños y jóvenes.
Incentivos al mérito y foco en el aula
El corazón de la modificación radica en las condiciones para postergar el traspaso a los SLEP. La iniciativa no solo amplía el abanico de municipios que pueden optar a este beneficio, sino que genera un sistema dinámico de incentivos:
- Exigencia de desempeño: Los municipios que decidan mantener sus escuelas deberán demostrar de forma continua que sus resultados pedagógicos y financieros son superiores a los que ofrecería el Servicio Local respectivo.
- Flexibilidad con rendición de cuentas: Se premia la buena gestión local, evitando desmantelar experiencias municipales exitosas en favor de una centralización forzosa.
Volver a poner lo esencial en el centro
Lo más relevante de este proyecto de ley es el cambio de enfoque: la calidad educativa deja de ser un discurso secundario y se convierte en el criterio rector que condiciona todos los instrumentos. El mensaje legislativo es categórico al señalar que la prioridad absoluta es asegurar que los estudiantes del sistema público reciban la mejor enseñanza posible, protegiendo la estabilidad de las aulas durante todo el proceso de transición.
Esta propuesta rompe con la falsa dicotomía ideológica entre estar «a favor o en contra» de la educación pública. Al situar la calidad y el bienestar de las comunidades escolares como la única métrica indispensable, el debate legislativo recupera el sentido común: la estructura administrativa solo se justifica si se traduce en un mejor futuro para los estudiantes de Chile.