Tras la aprobación en general en la Comisión de Pesca del Senado del proyecto que busca permitir el retorno acotado de seis naves industriales a la pesca de la jibia en las regiones del Bío Bío y Ñuble, diputados de la zona salieron al paso de la discusión, llamando a actuar con cautela y exigiendo certezas técnicas, científicas y sociales antes de modificar la normativa vigente desde 2019.
Aunque desde la Cámara Alta los senadores promotores sustentan la iniciativa en la urgencia de reactivar plantas procesadoras y recuperar cerca de 1.700 empleos directos y 6.000 indirectos perdidos tras la prohibición del arrastre, los parlamentarios de la Cámara Baja manifestaron diversos matices respecto al impacto real de la medida.
Sustentabilidad y fortalecimiento de las caletas
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Patricio Pinilla advirtió que la conservación del recurso debe ser la prioridad. «Tenemos que proteger el empleo de nuestros trabajadores, pero eso no puede hacerse poniendo en riesgo la sustentabilidad de la jibia», señaló, insistiendo en que cualquier cambio debe basarse en evidencia científica comprobable.
En esa misma línea, el diputado Álvaro Ortiz (DC) enfatizó que no se puede instalar una falsa disyuntiva entre economía y medioambiente. «Bío Bío necesita ambas cosas: proteger el trabajo y cuidar nuestros recursos pesqueros para que ese trabajo también exista mañana», afirmó, haciendo un llamado a potenciar la fiscalización, la investigación científica y la agregación de valor.
Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) planteó reparos a retroceder en las regulaciones aprobadas en 2019, asegurando que el camino para resolver la crisis debe pasar por fortalecer al sector pesquero artesanal —que en lo que va de 2026 ya suma más de 25 mil toneladas desembarcadas en la región— a través de financiamiento, subsidios y plantas de proceso propias.
Finalmente, la diputada Lilian Betancurt puso el foco en la realidad de la provincia de Arauco y comunas como Tirúa y Lebu, manifestando que si bien defender el empleo regional es prioritario, cualquier alternativa de reactivación industrial debe garantizar que la pesca artesanal no quede desprotegida.
El debate se trasladará durante el mes de septiembre a la discusión en particular en el Senado, en una tramitación que mantiene en alerta a todo el sector pesquero del centro sur del país.