Por 100 votos a favor, 20 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta que abordó las diferencias con el Senado respecto del proyecto (boletín 10482) que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).

Las materias a debatir se relacionaron principalmente con el concepto de «pesca ilegal» y sus respectivas sanciones, en particular por sus efectos en el sector pesquero artesanal.

La propuesta de la Comisión, que aún debe ratificar el Senado antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación como ley, establece una mayor proporcionalidad entre infracciones y sanciones y mejora los parámetros con que se calculan las multas, bajando los montos y estableciendo como pena alternativa el trabajo comunitario y reclusión nocturna.

A cambio, se establece la pena de amonestación, la que será impuesta por el juez que conozca el proceso, debiendo considerar el beneficio económico obtenido, la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta y las consecuencias del hecho.

Quedaran exentos de responsabilidad quienes realicen pesca de subsistencia. Ésta se entiende como la actividad extractiva que se realiza para satisfacer el consumo de la persona que la realiza y su familia. También se considera como tal la que realizan los pueblos originarios.

En algunos casos, este tipo de pesca no está en la obligación de inscribirse en el registro pesquero artesanal. Sin embargo, no podrá realizarse en áreas de manejo asignadas.

No se sancionará tampoco cuando el remanente de la pesca de subsistencia no consumido sea comercializado directamente al público o al comercializador que sea locatario de una feria libre.

La norma también considera que las disposiciones que se generen en torno a la amonestación, al pago de multas en cuotas, a la sustitución de multas por servicios comunitarios y a la reclusión nocturna, sean aplicables a los procesos en trámite a la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial.

Tras el debate en la comisión mixta se establecieron duras sanciones a la pesca ilegal en áreas de manejo. Quienes tengan autorización para pescar y realice la extracción sin ser titular de los derechos será sancionado con la suspensión de las autorizaciones de pesca y zarpe por dos años, arriesgando también una pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo, sumado al comiso de sus equipos, embarcaciones y vehículos.

La propuesta también señala que se sancionará la destrucción, inutilización y alteración maliciosa del sistema de posicionamiento automático o la información contenida en él. Sanción que no correrá cuando sea una falla no intencionada.

En cuanto a caducidades en el Registro Pesquero Artesanal, se aprobó un artículo transitorio que permite suspenderlas, mientras el gobierno cumple el compromiso de encontrar una solución en 2019.