Hace exactamente 13 años que las comunas del Gran Concepción, incluida Coronel, fueron declaradas “ZONA LATENTE” por material particulado MP10. Sin embargo, el respectivo Plan de Prevención que debía ser aplicado nunca fue aprobado, acumulando una larga espera para que se apliquen las medidas en una condición tan básica como cumplir con la Norma de Calidad del Aire.

Posteriormente, el 11 de marzo del 2015 el Ministerio de Medio Ambiente hizo una nueva declaratoria, este vez “ZONA SATURADA” por material particulado fino respirable MP2.5. Fueron los datos del 2013 los que permitieron evidenciar que estas comunas superaron la norma diaria de material particulado 2.5 vigente utilizando como base la información obtenida de estaciones de monitoreo presentes en Coronel (Cerro Merquín en Escuela Jorge Rojas), Concepción y Chiguayante y además utilizó el inventario de emisiones del año 2012, la caracterización fisicoquímica y el aporte de los sectores involucrados, principalmente de fuentes fijas: combustión de leña para calefacción residencial, que representan un 59% de las emisiones, industriales 34%, transporte 5%, quemas agrícolas 2%.

A la fecha, ya han transcurrido más de cuatros años desde que comenzó la elaboración de un Plan de Descontaminación o PDA que desde el 2016 incluyó en un solo proceso la consolidación de acciones de prevención y descontaminación tanto para MP10 como MP 2.5.

Cuando se pensó que la larga espera legaba a su fin el 9 de marzo de 2018, el Gobierno entrante retiró de la Contraloría el proyecto, bajo el argumento de revisar cada una de las medidas y realzar mejoras. Actualmente este Plan se encuentra en consulta y nuevamente espera su pronta vigencia.

Pero en concreto ¿Qué medidas contiene este Plan?

En lo estructural, el plan pretende reducir en un 17% de las concentraciones diarias de MP10 y 44% de las concentraciones diarias de MP2,5 en un plazo de 10 años y contempla medidas estructurales para la calefacción residencial, aplica las normas más exigentes de Chile para la industria, para el transporte y las quemas agrícolas. Se calcula su costo en una 236 millones de dólares, con beneficios asociados de $655 millones, asociados principalmente a la salud.

CALEFACCIÓN RESIDENCIAL: incluiría el recambio de calefactores a leña por otros más eficientes y menos contaminantes además de subsidios de aislación térmica para disminuir el consumo de leña. Además establecería restricciones a las chimeneas de hogar abierto y solo se permitirá la venta de leña seca. Además prohibirá el uso de calefactores a leña en horarios determinados durante el invierno en episodios alertas, preemergencias y emergencias.

INDUSTRIAS: establecería nuevas normas de emisión en chimeneas y la exigencia de reducir las emisiones de grandes establecimientos industriales, y la obligación de compensar la contaminación que generan, entre otros.

TRANSPORTE: considera el recambio de buses en los próximos 5 años, la incorporación de filtros de partículas en la flota y la creación de ciclovías en la extensión del territorio.

Es de esperar que durante el segundo semestre de este año finalmente entre en vigencia el Plan y las medidas signifiquen un esfuerzo equilibrado tanto del Estado como del sector privado y no sean las propias familias que además de sufrir el deterioro ambiental, asuman el costo de descontaminar.

El caso de Coronel es emblemático, porque no sólo tiene la condición de latente, saturado y de “sacrificio” por lo que el Plan deberá tener las consideraciones que permitan resolver los problemas crónicos de una ciudad en permanente estado de movilización.