En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) en 423 reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados por los sujetos obligados, información que fue remitida oportunamente al Ministerio Público, a través de 46 Informes de Inteligencia.

Los 423 reportes con señales indiciarias de LA/FT representan un aumento de 265%, al comparar con enero-junio de 2018, y marcan la cifra más alta desde que hay registros, según la Serie Estadística[i] divulgada por el Servicio.

La mayoría de dichas operaciones fueron reportadas a la UAF por las emisoras u operadoras de tarjetas. Más atrás se ubicaron las enviadas por los bancos, los casinos de juego, las instituciones públicas y los corredores de bolsas de valores.

“Cada año estamos recibiendo reportes de mejor calidad de parte de los sujetos obligados, lo que nos permite detectar con mayor precisión indicios de lavado o financiamiento del terrorismo. Esto, en gran medida, por las actividades de retroalimentación que hemos realizado con los sectores financiero y no financiero, en las que les señalamos qué información debe contener un ROS y qué antecedentes se deben acompañar en dichos reportes, de modo que el análisis que de ellos haga la UAF sea eficiente”, explicó el director de la UAF, Javier Cruz.

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, enfatizó que “las entidades financieras no son las únicas que pueden ser vulneradas o mal utilizadas para captar, invertir o enviar dineros obtenidos ilegalmente. De ahí la importancia de la labor preventiva que realiza la UAF, regulando y capacitando tanto al sector público como al privado. Clave además es la coordinación que existe entre los distintos organismos encargados de la prevención, detección, persecución y sanción penal del lavado de dinero, que suma a más de 200 personas actualmente condenadas por ese delito”.

El director de la UAF detalló que la UAF aplica procesos de inteligencia financiera a todos los reportes de operaciones sospechosas que recibe, y que cuando tiene la convicción de que en ellos existen indicios de lavado o financiamiento del terrorismo, envía un Informe al Ministerio Público, entidad que los vincula a un Rol Único de Causa (RUC), lo que da inicio a una investigación por dichos delitos, o agrega información a una ya vigente.

“Los reportes contienen sospechas. Por eso su análisis debe ser riguroso, ya que ello puede derivar en una investigación por lavado o financiamiento del terrorismo con, por ejemplo, métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial. De ahí que la UAF envíe a la Fiscalía casos en los que se tienen antecedentes fundados de que existen indicios de dichos delitos”, apuntó Javier Cruz, añadiendo que la mayoría de los Informes de Inteligencia derivados al Ministerio Público durante el primer semestre de este año podrían relacionarse con los delitos base de narcotráfico, corrupción y contrabando.

Asimismo, puntualizó que, entre enero y junio, la Fiscalía de Chile realizó 49 consultas a la Unidad, requiriendo antecedentes de 600 personas naturales y jurídicas para sus investigaciones por lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En igual lapso de 2018, el Ministerio Público hizo 52 consultas por 590 personas.

Según cifras de la UAF, en los primeros seis meses del año, de las 7.240 personas naturales y jurídicas (privadas y públicas) inscritas en el Servicio, se recibió un total de 2.364 ROS (-2,9% anual), siendo los bancos, casinos de juego y las AFP las actividades que más reportaron en el periodo (836, 550 y 195 ROS enviados, respectivamente), seguidas de los corredores de bolsas de valores (169 ROS), empresas de transferencia de dinero (117 ROS) y las emisoras u operadoras de tarjetas (109 ROS). Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están facultadas para reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 51 ROS en el primer semestre del año.

“El Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo se activa con los reportes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados envían a la UAF. Por eso es tan importante que ellos adopten medidas que les permitan prevenir y detectar transacciones inusuales, que carezcan de justificación, y puedan reportarlas a la UAF, a la brevedad posible, para que nosotros podamos analizarlas y derivarlas, vía Informes de Inteligencia, a la Fiscalía”, dijo el director de la UAF.

En tanto, el subsecretario Moreno destacó que “combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es hoy prioritario para nuestro Gobierno, así como para los otros países que cuentan con agencias similares a la UAF, por los negativos efectos que ambos ilícitos tienen en la estabilidad social, financiera, institucional y reputacional del país”.

“Este año, la capacidad de Chile para prevenir y combatir estos delitos será evaluada por un organismo internacional, el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). Confiamos en que el intenso trabajo liderado por la UAF para detener y condenar penalmente el crimen organizado nos permita seguir perfeccionando y mejorando nuestros sistemas de detección temprana de estos ilícitos”, puntualizó el subsecretario Moreno.

Finalmente, y en su rol de entidad supervisora, el director de la UAF  informó que, en enero-junio, se fiscalizó en terreno a 65 sujetos obligados a lo largo del país (versus 55 en igual lapso de 2018), que se desglosan en 11 administradoras de fondos de inversión, 10 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 8 corredores de propiedades, 7 usuarios de zonas francas, 6 casas de cambio, 5 notarios, 3 cooperativas de ahorro y crédito, 3 corredores de bolsas de valores, 3 empresas de factoring, 3 empresas de transferencia de dinero,  2 casinos de juego, 2 emisoras u operadoras de tarjetas, 1 administradora general de fondos y 1 agente de valores.

En igual lapso, la Unidad inició 160 procesos sancionatorios (+11% anual) por incumplimientos a las medidas preventivas establecidas en la Ley N°19.913 y en las Circulares UAF.

«Si bien la UAF puede aplicar sanciones administrativas por infracciones detectadas a la normativa antilavado, lo cierto es que las 107 condenas de los Tribunales de Justicia chilenos nos demuestran que en Chile sí se lavan activos. Por eso es deber de todos protegernos. Todos debemos desarrollar mecanismos para enfrentar y combatir este delito”, concluyó Cruz.

[i] La Serie Estadística del primer semestre de 2019 se encuentra disponible en el sitio web www.uaf.cl, menú Noticias y Capacitación, sección Estadísticas UAF.