Tras 10 años de operación del vertedero de cenizas emplazado en la ciudad de Coronel de la Central Termoeléctrica Bocamina II de la empresa ENEL, la sociedad civil ha podido detectar que el vertedero de cenizas no cumple debidamente con los instrumentos de planificación territorial.

En la solicitud ingresada esta mañana por representantes de organizaciones de la sociedad civil organizada de Coronel, se solicita a Contraloría pronunciamiento “respecto de la legalidad de la actuación de los órganos de la administración del Estado competentes en cuanto a haber autorizado la instalación y operación del proyecto “Ampliación del Vertedero de Cenizas Bocamina II” en la ciudad de Coronel.

En la entrega del documento Gonzalo Soto, representante del Movimiento Salvemos Coronel, se refirió a la irregularidad en la edificación y operación del vertedero y señaló que “Hoy junto al abogado Rodrigo Pérez y Sara Larraín de Chile Sustentable hemos acudido a la Contraloría General para que se pronuncie sobre la incompatibilidad territorial que tiene el vertedero de cenizas de ENEL emplazado en el Cerro Millabú y el que genera una grave afectación a la calidad de vida de los habitantes de Coronel por el evidente riesgo a su salud”.

Junto a Gonzalo, Ariel Duran, Concejal de Coronel y representante de la Mesa Técnica Socioambiental de la ciudad, manifestó que “Lo que hemos solicitado es que la contraloría como órgano fiscalizador pueda verificar cual ha sido el comportamiento que históricamente han tenido los servicios públicos de la región del Bio Bio ante una situación en que el vertedero de cenizas funciona de manera ilegal de acuerdo al plan regulador metropolitano, tema relevante en una zona de sacrificio como Coronel”.

En el documento, se establece que el vertedero fue autorizado para su construcción y operación, aun cuando su ubicación no era compatible con el uso de suelo permitido conforme al Plan Regulador Metropolitano de Concepción, al Plan Regulador Comunal de Coronel y las normas urbanísticas correspondientes. Sin embargo, las autoridades con competencia territorial no se han hecho cargo de esta grave omisión.

Además alude que los incumplimientos transgreden una norma angular del ordenamiento ambiental y territorial, por lo que movimientos ciudadanos y ambientales de la ciudad de Coronel, ante la disminución de su calidad de vida, el peligro para la salud de tener que convivir con un vertedero que para la ciudadanía es símbolo del daño que las termoeléctricas a carbón producen en la salud de las personas, es que se presenta esta solicitud ante la Contraloría General de la República a fin de que este órgano se pronuncie sobre la legalidad en relación a la presencia del vertedero en la zona.

En la instancia el abogado Rodrigo Pérez manifestó que “lo que esperamos es que el órgano contralor pueda verificar efectivamente que el vertedero de cenizas no cumple con ninguno de los estándares establecidos tanto en la ley como en los instrumentos de planificación territorial y que a causa de eso es posible percatarse de las graves irregularidades y por ende graves riesgos al medio ambiente y a la salud de las personas que se ha ido generando a causa de la instalación de este vertedero de cenizas  por lo pronto lo que uno espera es grave legalidad e irregularidad”.

Además a la presentación de los antecedentes acudió Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable, también miembro de la Coalición Chao Carbón quien señaló que “Estamos acompañando a la Mesa Técnica Socioambiental de Coronel y al Movimiento Salvemos Coronel con el objeto de contribuir con un apoyo nacional a visibilizar las irregularidades que históricamente y por años se han aceptado por el aparato público en esta ciudad al sur del país, que como todos sabemos es una zona de sacrificio por contaminación atmosférica pero al mismo tiempo tiene este tremendo pasivo ambiental en plena área urbana lo que no es aceptable. Se ha recurrido a Contraloría nacional en el sentido de que creemos que debe haber una fiscalización de alto nivel que esclarezca esta situación irregular”.

Finalmente, las organizaciones ciudadanas y ambientales de Coronel han decidido denunciar esta grave situación pues va en detrimento de la salud y de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, buscando además establecer la justicia ambiental y territorial en la que debe radicar el acuerdo de la sociedad chilena, frente a la inequitativa distribución de las cargas y beneficios ambientales en nuestro territorio nacional, ecuación en que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad sacan la peor parte.