Tal como anunció la compañía en abril pasado, Alimentos Marinos (Alimar) se vio en la obligación de desvincular cerca de 350 personas que procesaban jibia en Coronel y Valparaíso, tras la entrada en vigencia de la ley que entrega la exclusividad de captura del recurso jibia al sector artesanal. Esta situación se reafirmó en septiembre pasado tras el zarpe del Pesquero de Alta Mar Terranova, propiedad de Alimar, desde Talcahuano en dirección a Calbuco para finalizar sus operaciones y entrar en período de Boat Parking, es decir, un receso obligado debido a que es un barco pesquero sin cuota asociada.

 Así lo confirmó el gerente general de Alimar, Claudio Salazar, quien precisó que además de las personas de planta desvinculadas en las regiones de Biobío y Valparaíso, saldrán de circulación otras 21 personas que trabajaban en el buque de manera directa junto con 30 cargos de labores asociadas del Terranova, cuya única pesquería era la jibia y que en promedio extraía 10 mil toneladas anuales, lo que correspondía hasta el 27% de la cuota de este recurso.

“Ésta es una situación que advertimos durante toda la tramitación de esta ley, enfatizando que no fueron adecuados los criterios técnicos de su aprobación y creemos que este es un golpe durísimo al empleo para aquellas regiones pesqueras donde operamos”, puntualizó Salazar.

 El ejecutivo agregó que en estas condiciones “no es posible para la industria la proyección de nuevas inversiones debido a la incertidumbre que la autoridad, y en particular, el Congreso, han instalado para el sector pesquero industrial con proyectos de ley que atentan contra el empleo y el desarrollo del país y donde predominan criterios políticos y populistas”.

 En este sentido, Alimar informó que el negocio de la Jibia representa el 33% de la utilidad y con motivo de la aprobación de la denominada Ley de la Jibia, la compañía dejó en carpeta una inversión de US$450.000 que pretendía mejorar el equipamiento para agregar valor a los productos que se elaboran en la  planta de congelados ubicada en Coronel, además del receso obligado de un barco pesquero cuyo valor bordea los US$6 millones junto con pérdidas anuales de US$15 millones por concepto de exportaciones de productos derivados del calamar gigante.